PLANTEAMIENTO INICIAL 

La formulación de este proyecto responde a la necesidad de repensar conceptual y normativamente los derechos humanos y las teorías de la justicia en el nuevo entorno generado por la transformación de los marcos sociales de referencia en que tienen lugar las migraciones internacionales contemporáneas. El proyecto adopta un enfoque global para el estudio normativo de la movilidad humana y trata de analizar las siguientes cuetiones:

a) La formulación de una concepción integral de la justicia que atienda con una mirada cosmopolita tanto a su vertiente socioeconómica, referida a la redistribución y a la equidad; a la cultural, relativa al reconocimiento y el respeto de las peculiaridades identitarias compatibles con los derechos humanos; como a la política, referida a la representación en la esfera pública.

b) Estas tres dimensiones de la justicia en relación con la desigualdad estructural nacional/extranjero. Se buscará cruzar críticamente ambas cuestiones con el fin de evitar tanto el nacionalismo metodológico en las teorías de referencia en filosofía política y social, como el sesgo excluyente en las orientaciones normativas de las políticas migratorias.

c) La posibilidad de constituir una ciudadanía cosmopolita o transnacional garante de derechos políticos, socio-económicos y culturales. Especial hincapié se pondrá en analizar el modo en que los criterios de redistribución de la riqueza puedan ser integrados en el núcleo duro de los derechos humanos en consonancia con las tesis de los teóricos de la justicia global.

HIPÓTESIS DE PARTIDA

La principal hipótesis que se pretende contrastar con este proyecto es la siguiente: el fenómeno de la inmigración y, sobre todo, el modo en que la sociedad reacciona en términos político-jurídicos ante la misma, constituyen un indicador sumamente cualificado a la hora de desentrañar la “estructura básica de una sociedad” (Rawls) y la correspondiente concepción de la justicia que la soporta. La etnoestratificación del mercado laboral, la estratificación cívica, la segregación residencial o la exclusión de la comunidad política son ejemplos de fenómenos generados a raíz de los procesos migratorios que contravienen los principios y valores sobre los que las sociedades democráticas dicen sustentarse. Si las políticas públicas no van encaminadas a “remover los obstáculos que impidan o dificultan” que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y a “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural” (como reza, p.ej., el art. 9.2 de la Constitución Española), se están cuestionando las bases de una sociedad justa.

Para desarrollar esta hipótesis – el vínculo entre políticas migratorias y concepción de la justicia – es preciso examinar los diversos modelos de integración de los emigrantes y su inclusión en las estructuras del bienestar, el prejuicio étnico y su evolución hacia ideologías racistas, la discriminación y las medidas para contrarrestarla. Pero no sólo eso, es preciso analizar los cauces de participación de los inmigrantes, pues no cabe entender la integración sino como participación plena en todas las facetas del espacio social: participación laboral, económica, cultural y, también, por supuesto, política. 

En este último sentido, sería preciso perfilar adecuadamente en qué podría consistir la denominada la ciudadanía post- o transnacional, que según algunos destacados teóricos y filósofos sociales (Brubaker, Bauböck, Ong, Sassen, Benhabib, Zanfrini, etc.) sería el estatus que mejor se adaptaría a la lógica de las nuevas migraciones. Ello implica especificar los criterios que definirían tal forma de ciudadanía y qué derechos y obligaciones acarrearía.